El periodista boliviano Luis Muñoz dio un paso inesperado en la búsqueda de justicia al presentar una demanda civil contra Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por 432.000 dólares. La acción legal busca resarcir los daños y perjuicios que sufrió tras un proceso penal que él califica como completamente infundado, y que lo mantuvo bajo arresto y bajo presión durante casi dos años.
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando Lafuente acusó a Muñoz de haber creado un “meme” que presuntamente la vinculaba sentimentalmente con uno de los hijos del presidente Luis Arce. A pesar de que la supuesta evidencia nunca se confirmó, la denuncia derivó en la emisión de una orden de aprehensión y diez días de prisión preventiva para el periodista. Posteriormente, Muñoz logró pasar a detención domiciliaria mientras continuaba la investigación, que finalmente demostraría su inocencia mediante un análisis exhaustivo de su teléfono celular. En 2024, el caso fue sobreseído, poniendo fin a un proceso que había puesto en riesgo su libertad y reputación.
El impacto personal y familiar del episodio fue profundo. Muñoz denuncia que la exposición mediática lo presentó ante la opinión pública como un delincuente, afectando su imagen y dejando una marca emocional en sus hijos. “En la televisión aparecí como un criminal; mis hijos me vieron tras las rejas, y eso no se olvida”, afirmó, explicando que la demanda no solo persigue compensación económica, sino también la reivindicación de su nombre y la denuncia del uso indebido del poder para silenciar a la prensa.
Organismos como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) han calificado el caso como un atentado contra la libertad de expresión, señalando que procesos judiciales como este pueden tener un efecto paralizante sobre el periodismo independiente. Con su demanda, Muñoz busca visibilizar estas prácticas y enviar un mensaje claro: la justicia no puede ser utilizada como herramienta de represalia.
