El contrabando vuelve a ponerse en el centro del debate con un operativo de gran alcance en Oruro. El Comando Estratégico Operacional (CEO) desplegó efectivos en la frontera con Chile y logró clausurar tres pasos clandestinos en la localidad de Pisiga, una de las zonas más utilizadas para el ingreso ilegal de vehículos indocumentados. La acción busca frenar un negocio que mueve millones y afecta directamente a la producción nacional, además de poner en riesgo la seguridad del país.
El jefe de la Unidad de Supervisión y Control del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Boris Michel, informó que estos accesos ilegales quedaron bajo control militar y que las tropas mantienen vigilancia constante. Según explicó, los mayores conflictos se presentan en la frontera con Chile, donde las redes de contrabandistas han encontrado terreno fértil para expandirse. “El personal se encuentra desplegado en diferentes puntos, pero la presión más fuerte está en esa zona”, declaró.
En total, más de 360 efectivos de las Fuerzas Armadas se encuentran en patrullajes permanentes en las fronteras con Chile, Perú y Argentina. Estos operativos forman parte de un plan coordinado con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y buscan no solo neutralizar las rutas ilegales, sino también enviar un mensaje de advertencia a las organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita. Las autoridades sostienen que el control sostenido es clave para evitar que se reabran los pasos cerrados.
Sin embargo, el cierre de estas rutas abre una discusión más amplia: ¿hasta qué punto estas medidas logran desmantelar las redes de contrabando? Aunque se trata de un avance importante, especialistas señalan que el problema es estructural y requiere políticas más profundas que combinen control fronterizo, alternativas económicas para las poblaciones aledañas y sanciones efectivas. Por ahora, los operativos son una señal de firmeza, pero el desafío sigue siendo gigantesco.
