El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, consolidó una alianza estratégica internacional al suscribir un Memorándum de Entendimiento con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP), destinada a robustecer las capacidades operativas de la Policía Boliviana frente a la escalada de delitos complejos como el narcotráfico, el sicariato y la criminalidad organizada.
Este importante convenio bilateral, consolidado en el marco de la segunda fase del proyecto de cooperación policial impulsado por la Unión Europea para el periodo 2024-2028, prevé la incorporación de instructores y mandos policiales provenientes de España, Italia y Francia para capacitar de manera intensiva a los efectivos nacionales en técnicas avanzadas de investigación criminal y persecución transnacional.
Durante el acto formal de suscripción, el ministro Oviedo remarcó que la articulación entre naciones es un requisito indispensable para debilitar a las estructuras delictivas modernas.
"No podemos combatir eficientemente los índices de criminalidad en nuestros países si no hay un intercambio de información, de experiencias mutuas", aseveró la autoridad del gabinete.
Por su parte, la representante de la FIAP, María Antonia Díez García, detalló que la asistencia técnica europea se focalizará en áreas altamente sensibles para la seguridad interior, tales como la desarticulación de redes dedicadas a la legitimación de ganancias ilícitas y la trata y tráfico de personas, promoviendo además la consolidación de equipos conjuntos de investigación especializada.
La experta europea señaló que dotar de instrumentos normativos y operativos modernos a las instituciones locales es clave para garantizar una persecución penal internacional efectiva.
Como correlato directo e inmediato de este acuerdo de cooperación internacional, el Ejecutivo boliviano anunció el despliegue operativo del plan estratégico "Fronteras Seguras", que operará con presencia policial permanente en enclaves críticos de la frontera amazónica y oriental con Brasil, específicamente en poblaciones como Guayaramerín, Cobija, Puerto Suárez y San Matías.
Esta estrategia gubernamental busca bloquear de manera sistemática las rutas de salida de cocaína, frenar el tráfico ilícito de vehículos robados y evitar el ingreso irregular de delincuentes con antecedentes criminales hacia territorio nacional.
