La defensa del dirigente campesino Vicente Salazar encendió la controversia al revelar la existencia de un supuesto compromiso que habría impedido su detención, incluso en medio de las investigaciones por los prolongados bloqueos que afectaron el abastecimiento en varias regiones del país. Según su abogado, este acuerdo de carácter institucional e incluso internacional estaría siendo desconocido por las autoridades, generando dudas sobre la coherencia del proceso.
El jurista sostuvo que su cliente es inocente y que la denuncia en su contra responde a una acción impulsada por el Ministerio de Gobierno. Afirmó que en los próximos días se presentarán pruebas sobre estos presuntos acuerdos, los cuales involucrarían derechos humanos y hasta a una representación diplomática, lo que podría agravar el escenario si se confirma su vulneración.
Mientras tanto, la audiencia de medidas cautelares se instaló en medio de alta expectativa pública. La Fiscalía apunta a la detención preventiva por riesgos procesales, pero la defensa insiste en que Salazar cuenta con arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad. El caso avanza bajo la presión de las secuelas que dejaron los más de 50 días de conflicto, que paralizaron el suministro de productos esenciales y mantienen el tema en el centro del debate nacional.
