La prolongación de los bloqueos en carreteras del país encendió alertas fuera de las fronteras. La Defensoría del Pueblo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la situación ya no responde solo a una medida de presión social, sino que ha escalado a una crisis humanitaria que afecta a miles de personas.
Según el informe, más de 5.000 transportistas permanecen varados en distintos puntos del territorio, enfrentando condiciones críticas que comprometen su acceso a alimentos, agua, atención médica y libre circulación. La institución advierte que la falta de acciones oportunas por parte del Estado agravó el impacto sobre quienes no forman parte directa del conflicto.
Ante este escenario, la Defensoría pidió la intervención urgente mediante medidas concretas como la habilitación de corredores humanitarios, asistencia médica y alimentaria, además de la reactivación del diálogo entre las partes. El objetivo, sostiene, es frenar la vulneración de derechos y evitar que la crisis continúe profundizándose en las carreteras del país.
