El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción debido a una "grave conmoción interna", una medida que afectará a diez provincias y tres municipios del país. La decisión se oficializa apenas dieciséis días después del vencimiento del último decreto de emergencia, reflejando la persistente crisis de seguridad que atraviesa la nación andina.
La nueva disposición tendrá una vigencia de sesenta días y abarca territorios estratégicos, incluyendo la provincia de Pichincha —cuya capital es Quito—, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Asimismo, la medida regirá de manera focalizada en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
El decreto faculta a las fuerzas de seguridad para intervenir de manera directa en las zonas señaladas. El objetivo oficial es precautelar la protección interna, restablecer y mantener el orden público, y neutralizar cualquier actividad criminal que vulnere los derechos y libertades de la ciudadanía. Como parte de las medidas excepcionales, el documento establece la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, lo que autoriza a los uniformados a ingresar a propiedades privadas ante la sospecha de actividades ilícitas.
Este anuncio se produce un mes después de que el mandatario anticipara, durante una visita a Estados Unidos, que no extendería de forma automática el estado de excepción que concluyó el pasado 1 de junio, advirtiendo en su momento que cualquier operativo especial futuro requeriría de un nuevo marco legal de emergencia.
Desde que Noboa declaró el "conflicto armado interno" en enero de 2024, el uso de estados de excepción ha sido una constante en su estrategia de seguridad, variando en alcance geográfico y acompañándose en ocasiones de toques de queda nocturnos. A pesar de la militarización y de la catalogación de las bandas criminales como organizaciones terroristas, los índices de violencia no han dado tregua: el año 2025 cerró con un récord histórico de aproximadamente 9.300 homicidios, una cifra del Ministerio del Interior que sitúa a Ecuador a la cabeza de la tasa de homicidios en Latinoamérica.
