La Central Obrera Boliviana (COB), en representación de una amplia coalición de sectores sociales, sindicales, campesinos, indígenas, vecinales y laborales movilizados, ha remitido formalmente al presidente Rodrigo Paz Pereira un documento titulado “Conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”. A través de esta iniciativa, el ente matriz de los trabajadores exige una respuesta inmediata del Órgano Ejecutivo y propone establecer una agenda de diálogo pública, estructurada con plazos concretos, actas verificables y compromisos medibles.
Para garantizar la viabilidad de las negociaciones, la COB ha solicitado la participación del Fiscal General del Estado en calidad de garante. Con esto se busca asegurar de manera estricta la no persecución penal y la no judicialización de las protestas sociales. La organización sindical enfatiza que la paz social en el territorio nacional no se alcanzará mediante la imposición, la estigmatización o la presión jurídica, sino a través de la atención efectiva de las demandas con los actores legítimos en la mesa de diálogo.
El pliego petitorio presentado contiene un conjunto de exigencias políticas, económicas y de fiscalización. En el ámbito político y de derechos humanos, se demanda el rechazo a la criminalización de la protesta, la suspensión de los proyectos de ley antibloqueos, la liberación de los ciudadanos detenidos, el cese de los actos de discriminación y el respeto institucional a las organizaciones sociales. Asimismo, se insta al Gobierno a cumplir con sus promesas electorales mediante la aprobación de una ley de cumplimiento programático y control social.
En materia económica y de recursos públicos, la COB rechaza cualquier intento de privatización y exige total transparencia en las negociaciones que se lleven a cabo con organismos internacionales. El documento también plantea avanzar en una distribución equitativa de recursos bajo la fórmula del 50/50 con las gobernaciones y alcaldías del país, además de la implementación de medidas urgentes para proteger la canasta familiar, garantizar el empleo estable y crear un fondo de jubilación al 100% para los sectores laborales. Adicionalmente, se exige la realización de consultas previas antes de la aprobación de cualquier ley, decreto o medida económica.
Por otra parte, el sector de hidrocarburos e infraestructura ocupa un lugar destacado en las demandas. La dirigencia obrera exige que no se incrementen los precios de los combustibles y solicita un resarcimiento económico para los usuarios afectados por carburantes defectuosos, respaldado por una auditoría técnica independiente. Finalmente, en el plano judicial, el documento solicita la creación de una comisión especial mixta para investigar los casos conocidos como “narcomaderas” y “narcomaletas”, así como indagar la presunta participación de Fernando Cerimedo en asuntos del Estado.
