Los comités cívicos regionales, las plataformas ciudadanas y los sectores productivos marcharon el jueves en Santa Cruz, El Alto, Cochabamba y Trinidad para exigir al presidente Rodrigo Paz la liberación inmediata de las carreteras. Las movilizaciones ciudadanas demandaron el cese definitivo de las medidas de presión que ejercen los sectores que exigen la renuncia del jefe de Estado.
El despliegue de mayor convocatoria paralizó el centro de Santa Cruz, donde miles de ciudadanos, transportistas y productores agrícolas marcharon junto al gobernador Juan Pablo Velasco para denunciar los perjuicios económicos. Al concluir el recorrido en la plaza principal, la dirigencia cívica cuestionó la pasividad de las autoridades nacionales frente al desabastecimiento, pero también agregó un fuerte pronunciamiento político al convocar a la defensa de la institucionalidad y la democracia.
"No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático, no vamos a aceptar a nadie que no sea quien las urnas decidió. Y si tenemos que dar la vida para defenderlo, lo vamos a hacer", afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al rechazar de manera contundente las intenciones de un "golpe de Estado".
El dirigente cruceño lamentó el severo desabastecimiento de alimentos y medicamentos que golpea a las principales ciudades bolivianas. Ante la falta de acciones contundentes por parte del Órgano Ejecutivo, la institucionalidad cívica otorgó un plazo definitivo hasta este domingo para habilitar los caminos, bajo la advertencia de organizar a la población para levantar los cortes de rutas de manera independiente.
Paralelamente, parte de la ciudadanía de Cochabamba, incluyendo plataformas civiles, transportistas, simpatizantes oficialistas e integrantes de la cuestionada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, marchó por el centro de la urbe para exigir libre tránsito, en una jornada donde también se registraron movilizaciones en El Alto y Trinidad en rechazo a la asfixia económica regional.
A pesar de los pedidos de pacificación, la crisis humanitaria se agudiza. Los bloqueos suman cuatro fallecidos, incluidos una ciudadana de Belice y un niño que no recibieron atención médica oportuna. Ante este escenario, el Gobierno se distancia del diálogo con ciertos sectores movilizados tras abrir procesos judiciales contra sus dirigentes, dejando la situación sin resolución.
