Bolivia ha comenzado a reconstruir, sin anuncios estridentes pero con pasos firmes, una relación que durante más de una década estuvo rota: la cooperación antidrogas con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Aunque la agencia aún no ha reabierto oficialmente una oficina en el país, en la práctica ya opera como si nunca se hubiera ido.
Así lo confirmó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, quien reveló que el intercambio de información y las investigaciones conjuntas son constantes. “Se está investigando, se está intercambiando información”, afirmó, dejando entrever que la coordinación es diaria y sostenida.
Este acercamiento marca un quiebre con una de las decisiones más emblemáticas de la política exterior boliviana reciente: la expulsión de la DEA en 2008, ordenada por el entonces presidente Evo Morales, quien acusó a la agencia de injerencia en asuntos internos. Hoy, ese episodio parece quedar atrás frente a un nuevo contexto político.
El cambio no es casual. Responde a la estrategia del actual presidente Rodrigo Paz, quien desde su llegada al poder en noviembre ha impulsado una apertura hacia Estados Unidos, priorizando la cooperación en seguridad y economía. En este nuevo tablero, la lucha contra el narcotráfico se convierte en un punto de convergencia clave.
Uno de los hitos de esta nueva etapa fue la adhesión de Bolivia, en marzo, a la iniciativa Escudo de las Américas, promovida por Washington para enfrentar el crimen organizado en la región. Los resultados no tardaron en mostrarse: la captura en Santa Cruz del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los más buscados del continente.
El operativo no solo evidenció la eficacia de la cooperación internacional, sino también su profundidad. Marset, investigado por el tráfico de 16 toneladas de cocaína, fue entregado el mismo día de su detención a agentes de la DEA, quienes lo trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero.
Pero la colaboración va más allá de operativos puntuales. La DEA ya participa en procesos internos de fortalecimiento institucional, como la aplicación de pruebas de polígrafo a efectivos antidrogas bolivianos. Alrededor de 250 policías han sido sometidos a estos exámenes de confiabilidad, en un intento por depurar y reforzar la credibilidad de las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico.
En paralelo, Bolivia también estrecha lazos con Brasil para contener el avance de organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC), cuya presencia en el oriente del país refleja la creciente internacionalización del crimen organizado.
Más que un simple restablecimiento de relaciones, lo que está en marcha es una redefinición del enfoque boliviano frente al narcotráfico: de la confrontación soberanista a la cooperación pragmática. Un giro que, aunque discreto, podría tener profundas implicaciones para la política interna y el posicionamiento internacional del país.
