En una decisión marcada por la premura y la controversia, la Cámara de Senadores aprobó este sábado, mediante una sesión virtual por Zoom, una ley que amplía de tres a seis meses el plazo de arraigo para exautoridades del Estado una vez concluido su mandato.
La norma, sancionada apenas dos días antes por la Cámara de Diputados, fue tratada por el Senado en una jornada inusual: un sábado y de manera virtual, justo cuando se cumplían los tres meses desde la salida del poder de las anteriores autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS). El calendario y la modalidad no pasaron desapercibidos.
Para viabilizar la sesión, la presidencia del Senado recurrió a una disposición excepcional del reglamento, incorporada durante la pandemia, que permite el trabajo legislativo a distancia. Sin embargo, el uso de este mecanismo generó cuestionamientos internos. El vicepresidente Edmand Lara criticó públicamente al presidente del Senado, Diego Ávila, por optar por una sesión virtual en lugar de convocar de manera presencial, señalando que no se hizo el “sacrificio” de trabajar el fin de semana y advirtiendo que se sienta un precedente negativo para otras instancias del Estado.
La imagen de la sesión reforzó esas críticas: con la mayoría de las cámaras apagadas y algunos legisladores participando desde la calle o en movimiento, el debate y la votación del proyecto se desarrollaron en horas de la tarde, sin mayores intercambios ni objeciones visibles.
El proyecto fue aprobado sin modificaciones, tanto en su tratamiento en grande como en detalle, y posteriormente remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Con la nueva ley, deberán permanecer en el país por un período de hasta seis meses después de dejar el cargo quienes hayan ejercido como Presidente, Vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y las Máximas Autoridades Ejecutivas de empresas e instituciones públicas, mixtas o privadas que administren recursos fiscales.
Más allá del contenido de la norma, la forma y el momento elegidos para su aprobación dejaron abierta una discusión sobre la institucionalidad, la transparencia y el uso de mecanismos excepcionales para decisiones de alto impacto político.
