La reciente detención del exgerente de Emapa, Franklin Flores, por presunta corrupción, volvió a poner bajo la lupa la gestión de las empresas estatales en Bolivia. Sin embargo, más allá de los casos individuales, los números revelan un problema estructural: una empresa que administra más recursos que varias gobernaciones del país y que, sin embargo, cumple parcialmente su misión de apoyar la producción nacional.
Según documentos oficiales a los que accedió EL DEBER, hasta agosto de este año Emapa ejecutó apenas el 37,5% de su presupuesto, pese a que este se incrementó de Bs 3.968 millones a Bs 4.531,7 millones. De este monto, se pagaron Bs 1.554,5 millones, quedando más de Bs 2.800 millones sin uso. Para dimensionarlo: la estatal maneja más recursos que la Gobernación de Santa Cruz (Bs 2.164 millones) y un presupuesto similar al de todo el departamento de La Paz (Bs 3.902 millones).
El detalle de la ejecución revela prioridades cuestionables. Mientras la importación y comercialización de alimentos, como harina y azúcar, absorben casi un tercio de los gastos, los programas de apoyo productivo y las plantas agroindustriales muestran ejecución mínima o nula. Por ejemplo, el programa de apoyo a la soya (Bs 83,2 millones) apenas ejecutó 0,55%, y la planta de papa Incahuasi en Chuquisaca (Bs 8 millones) no gastó un solo boliviano.
Expertos califican esta situación como una “distorsión estructural”. Julio Linares, economista e investigador, advierte que “Emapa utiliza la mayoría de sus recursos para importar y revender productos, dejando en segundo plano el apoyo a la producción nacional. Esto no solo es insostenible, sino que compromete la seguridad alimentaria y la independencia del agro boliviano”.
Las críticas también vienen del sector agrícola. Paulino Sánchez, productor de Cuatro Cañadas, denuncia que los cupos de venta a Emapa favorecen a intermediarios y grupos ajenos al campo, dejando a los pequeños productores fuera del sistema. “Había camiones que no descargaban, solo cambiaban placas en el sistema informático. Era puro tráfico virtual”, asegura.
Jorge Méndez, presidente de Adepor, coincide en que Emapa no cumple su objetivo. “Cuando una empresa estatal compra caro y vende barato, termina quebrada y desordenando el mercado. Nuestra producción queda afectada y la demanda nunca se satisface”, explica.
Mientras la producción languidece, los gastos administrativos y de propaganda avanzan. La partida de comunicación creció más del 400%, y la de servicio de la deuda aumentó 45%, con ejecución parcial, evidenciando que la burocracia absorbe recursos que podrían invertirse en la producción nacional.
El panorama plantea una pregunta central para el nuevo gobierno: ¿cómo recuperar la función original de Emapa, creada en 2007 para regular precios y proteger al productor nacional? Linares propone una revisión exhaustiva de cada planta y proyecto: “Si no son autosostenibles, hay que buscar responsables y cerrar lo que no funciona. No se puede mantener una estructura que sobrevive solo con subsidios del TGN”.
Mientras el Gobierno defiende el modelo de empresas estatales como inversión necesaria para el pueblo, los números muestran otra realidad: millones sin ejecutar, plantas paralizadas y un sistema que, en lugar de fortalecer la producción nacional, ha terminado sosteniendo la ineficiencia y la dependencia de importaciones. La detención de un exgerente pone el dedo en la llaga, pero el verdadero reto es estructural: transformar Emapa en un actor que cumpla su misión original, sin corrupción, sin favoritismos y con enfoque en la productividad del agro boliviano.
