La detención de seis suboficiales del Ejército chileno y un civil por tráfico de drogas ha generado un escándalo binacional y una inmediata coordinación entre Bolivia y Chile. El operativo, ejecutado por Carabineros del OS-7 y la Fiscalía de Tarapacá, permitió incautar cerca de 200 kilos de cocaína, valuados en más de tres millones de pesos chilenos, en la zona fronteriza de Colchane. La droga tenía como destino final Santiago, y se presume que fue almacenada previamente en Iquique.
Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Gobierno de Bolivia instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) a coordinar directamente con la Policía chilena. El objetivo es esclarecer el origen de la droga, las rutas utilizadas y las conexiones de la red criminal. Las autoridades bolivianas no descartan la participación de grupos vinculados al narcotráfico en el Chapare o el norte de Potosí.
La investigación en Chile se originó por una denuncia interna del propio Ejército, que detectó movimientos irregulares de su personal en el norte del país. Esta alerta permitió montar un seguimiento que culminó con la detención del convoy, la incautación de tres vehículos valuados en más de 294 mil bolivianos y la formulación de cargos por tráfico de drogas y asociación criminal. La fiscal de Tarapacá calificó el caso como “extremadamente grave”, por el involucramiento de una institución militar.
Ambos gobiernos han reafirmado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico transnacional. La audiencia de medidas cautelares para los siete implicados se realizará el 26 de junio en Tarapacá, mientras Bolivia y Chile intensifican sus esfuerzos de cooperación para frenar el crimen organizado en la frontera. Este caso expone la capacidad de las redes criminales para infiltrarse incluso en estructuras del Estado y plantea nuevos desafíos para la seguridad regional.
