La violencia desatada en Llallagua ha dejado cinco fallecidos, entre ellos cuatro policías, en medio de una ofensiva del Gobierno que vincula los hechos con redes del narcotráfico y grupos afines a Evo Morales. Las autoridades sostienen que los ataques, ejecutados con francotiradores y explosivos, fueron planificados y con objetivos políticos y económicos.
El viceministro Jhonny Aguilera afirmó que las autopsias de los policías muestran disparos en órganos vitales, lo que revela una clara intención de asesinato. Por su parte, el comandante de la Policía, Augusto Russo, identificó a la comunidad “México Chico” como un foco de actividades ilegales, describiéndola como una "narcozona" con presencia de fábricas de droga y construcciones de lujo.
La ruta Oruro-Llallagua-Potosí fue desbloqueada tras 12 días de conflicto, con el despliegue de 1.500 efectivos. La población celebró el fin del cerco, aunque el saldo fue doloroso: tres policías murieron en Llallagua y otros dos, incluyendo un comunario, en Cochabamba. Uno de los uniformados falleció tras recibir un explosivo en el abdomen.
El presidente Luis Arce saludó el restablecimiento del orden y confirmó que hay 14 detenidos y 19 heridos. La ONU y la Iglesia católica boliviana exigieron una investigación imparcial y llamaron al diálogo. Evo Morales, por su parte, pidió una mediación internacional, mientras sectores cocaleros insisten en nuevas medidas de presión.
