Una resolución emitida el 3 de noviembre de 2026 por la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico de La Paz dispuso la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
El requerimiento, firmado por los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento, fundamentó la medida procesal ante la existencia de riesgos de fuga y de obstaculización de las investigaciones, señalando que la autoridad no acreditó un domicilio formal ni una fuente laboral fija en el país.
El documento oficial se dio a conocer un día después de que el propio Saucedo anunciara su salida de Bolivia junto a su entorno familiar.
El magistrado denunció una supuesta persecución política y alegó temores por su integridad física y su libertad, remarcando que mantendrá su mandato constitucional.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó la vigencia de entre dos y tres procesos penales abiertos contra Saucedo en el departamento de Santa Cruz.
La máxima autoridad del Ministerio Público anunció la activación de trámites correspondientes para formalizar las órdenes de aprehensión y gestionar la notificación roja ante la Interpol.
