El designado fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, arribó a la ciudad de La Paz para jurar al cargo este lunes ante la directiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La elección del jurista se concretó la madrugada del sábado tras un proceso de deliberación parlamentaria que requirió siete jornadas de votación en el pleno legislativo.
Su llegada a la sede de Gobierno se produce luego de la suspensión definitiva y posterior aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección a estructuras criminales.
El presidente del Senado, Diego Ávila, confirmó que el acto de investidura será ejecutado por la directiva del Parlamento sin necesidad de convocar a una nueva sesión plenaria.
A su arribo a la sede de Gobierno, la nueva autoridad judicial asumió el compromiso institucional de reestructurar la entidad encargada de la persecución penal.
Al definir los objetivos prioritarios de su gestión al frente del Ministerio Público, Urioste aseveró: “El compromiso de hacer algo bien, de tener un buen resultado, limpiar esa institución y, obviamente, liberar al pueblo de lo que es la extorsión que está sufriendo a través de estas instituciones que están corrompidas”.
Por su parte, la diputada Salma Tobías acompañó el traslado de la autoridad e informó que el Ejecutivo y el Legislativo fiscalizarán el plan de trabajo anunciado para transformar la institución y atender las denuncias de corrupción, extorsión y retardación de justicia.
Respecto al periodo de evaluación fijado para la entrega de balances operativos, la legisladora precisó: “El doctor Urioste asumió un compromiso concreto: 90 días para demostrar resultados, transformar el Ministerio Público y comenzar a recuperar la confianza de la ciudadanía”.
