El Departamento de Estado de Estados Unidos aplicó una restricción de visas contra 12 autoridades y exfuncionarios bolivianos por señalamientos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
La disposición afecta al exministro de Justicia Iván Lima, al fiscal superior Álvaro Mauricio Nava Morales, así como a jueces, fiscales, jefes policiales y un empresario.
Al argumentar la medida consular, el
Departamento de Estado sostuvo: “Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros y sus familiares directos que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”.
La lista enviada por Washington incluye también al fiscal superior Martín Irusta, a los administradores de 4 Israel Campero, Albania Caballero y Alberto Zeballos, además 5 de la Aduana Nacional.
El veto migratorio se extiende a los familiares directos de los implicados, inhabilitando su ingreso o permanencia en territorio estadounidense.
Respecto al endurecimiento de los controles para autoridades investigadas, la diplomacia estadounidense remarcó: “Los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”.
