La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declaró en estado de emergencia tras la promulgación del Decreto Supremo 5727, norma que faculta la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas centrales.
La regulación establece que las medidas operativas sobre las firmas estatales se definirán mediante diagnósticos técnicos de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).
Rechazando las evaluaciones del ente técnico gubernamental, el dirigente sindical Andrés Paye afirmó: “No vamos a entrar al juego de la OFEP (...) Ahora están queriendo engrosar la fila de los desocupados de este sector. No lo vamos a permitir”.
El ejecutivo cuestionó los informes del Ejecutivo al señalar errores técnicos e inconsistencias en la valoración económica de los complejos mineros del Estado.
El sector sumó su disconformidad contra
el Decreto Supremo 5716 por la modificación tarifaria del diésel y el consecuente encarecimiento de los insumos operativos de la industria extractiva.
Pese a la afectación de los costes de producción, la dirigencia sindical aclaró que las actividades extractivas operan sin paralizaciones mientras buscan mecanismos de mitigación económica.
