Los gobernadores de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba se declararon en estado de alerta y dieron plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre para atender sus demandas sobre la redistribución de recursos y el impacto del nuevo precio del diésel.
Las autoridades departamentales solicitaron que el esquema de redistribución 50-50 entre en vigencia desde el Presupuesto General del Estado 2027, sin afectar los recursos de universidades públicas y gobiernos municipales.
También pidieron mecanismos de compensación por el incremento del costo del diésel, debido a que sus presupuestos fueron elaborados con un precio menor al vigente tras el retiro de la subvención.
Además, demandaron recursos extraordinarios, flexibilidad para realizar modificaciones presupuestarias y una norma que exima a las gobernaciones del financiamiento de los títulos de bachiller.
