Tras escapar de la violenta represión contra las protestas antigubernamentales en Irán, una joven activista opositora que contaba con una orden legal de protección en Estados Unidos terminó deportada por la administración del presidente Donald Trump a la República Centroafricana, un territorio de alto riesgo donde actualmente sobrevive entre extorsiones policiales, malaria y el temor constante a ser repatriada a su nación de origen, expone una investigación de la cadena CNN.
Vuelos clandestinos de Trump
De acuerdo con el artículo, la afectada, quien utiliza el seudónimo de Nika por motivos de seguridad, relató que pasó meses bajo custodia tras ser detenida en la frontera y logró vivir temporalmente en California.
Sin embargo, su destino cambió de forma drástica en junio cuando acudió a una supuesta cita de rutina del Departamento de Seguridad Nacional. En lugar de un trámite ordinario, fue arrestada, esposada, encadenada y subida a un vuelo clandestino junto a otros 17 migrantes de diversas nacionalidades.
“Este fue uno de los días más difíciles de mi vida”, expresó Nika al recordar el momento en que descubrió su destino a través de la pequeña pantalla de su asiento. Su abogada actual, Sahar Jalili Pawelski, intentó frenar el vuelo sin éxito: “Recuerdo cuando despegó el avión, me senté en el suelo, llamé a mi madre y lloré”.
Encierro y demanda en África
La expulsión responde a una agresiva estrategia de la administración estadounidense frente a las deportaciones masivas y las restricciones judiciales que impiden retornar a migrantes a países como Irán. Ante estas limitaciones, Washington ha firmado acuerdos secretos con terceros Estados para reubicar a personas que poseen órdenes judiciales de protección contra la persecución y la tortura.
El motivo por el cual la República Centroafricana aceptó recibir a los deportados se aclaró tras revelarse un incremento inusual en la ayuda financiera exterior: este año, Estados Unidos donó USD 85 millones a las operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en ese país, además de comprometer USD 50 millones adicionales al Fondo Humanitario local, un movimiento que el Departamento de Estado insinuó como una contraprestación directa por el apoyo en materia migratoria.
Actualmente, el propio Departamento de Estado desaconseja viajar a la República Centroafricana debido a los elevados índices de delincuencia, secuestros, terrorismo y enfermedades letales. En ese escenario, Nika pasa sus días encerrada en una habitación tras haber contraído malaria y sufrir constantes hostigamientos de la policía local para exigirle sobornos.
Mientras los vuelos de deportación continúan partiendo, como el segundo contingente enviado a finales de julio con 31 personas, la defensa legal de Nika interpuso una demanda federal para intentar anular su expulsión y lograr su retorno a suelo estadounidense, en un intento desesperado por evitar que se concrete su repatriación forzosa a Teherán, donde asegura que su vida corre un peligro mortal.
