El exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto y abogado, Roberto de la Cruz, anunció que las víctimas de los hechos de 2003 impugnarán la decisión constitucional que favoreció al exministro Carlos Sánchez Berzaín.
El jurista aclaró que el dictamen judicial no anula la totalidad del proceso de responsabilidades incoado por la crisis de 2003. La medida deja sin efecto de forma específica el auto de apertura formulado el 25 de marzo de 2009 y los actuados derivados de dicha resolución.
De la Cruz fundamentó la impugnación en la ausencia de citación legal a los afectados y a su representante legal durante la audiencia de acción de libertad.
Sobre esta irregularidad, el abogado enfatizó: “Al no haber sido notificados, se ha vulnerado su derecho”, señalando una transgresión directa al debido proceso.
El representante legal precisó que los actos investigativos desarrollados en la etapa preparatoria mantienen plena validez jurídica. Con esta postura, descartó que la determinación judicial suponga la anulación completa de las indagaciones vinculadas a la represión estatal de 2003, la cual dejó decenas de personas fallecidas.
El exdirigente adelantó que los sectores afectados impulsarán recursos constitucionales para defender la causa judicial. Asimismo, remarcó la necesidad de revisar el contenido íntegro del fallo para definir las acciones correspondientes.
