El presidente Rodrigo Paz, a dos meses de haber dictado el Estado de excepción para normalizar el flujo de suministros, enfrenta una crisis de abastecimiento de combustibles que persiste en todo el país sin una solución concreta.
La situación se agravó esta semana con la promulgación del Decreto Supremo 5676, medida que elimina la subvención del diésel para grandes consumidores —fijando un precio de Bs 18— y que ha provocado el rechazo frontal del sector agropecuario, cuyos representantes han advertido con retomar los bloqueos de carreteras ante el inminente riesgo para la seguridad alimentaria nacional.
La gestión estatal, marcada por plazos incumplidos, atraviesa su momento más crítico. Pese a que en julio pasado el vicepresidente de operaciones de YPFB, Hugo Blacud, aseguró que el desabastecimiento se resolvería de forma progresiva antes de finalizar dicho mes, la realidad en los surtidores muestra una saturación constante de vehículos pesados y maquinaria agrícola.
"Es un decreto improvisado, un decreto discriminador, con todo el sector que alimenta al país," aseveró Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), tras declararse en emergencia.
Por su parte, la Asociación de Arroceros, liderada por Ana Isabel Ortiz, sentenció que la medida inviabiliza la producción, proyectando que más del 50% de los agricultores cancelarán sus ciclos de siembra. Ante la presión, el Ejecutivo sostiene que la política busca erradicar el contrabando y "sincerar" los precios, aunque la falta de una solución técnica definitiva mantiene al sector productivo —especialmente en regiones como San Julián— al borde de nuevas movilizaciones.
Mientras el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, evita comprometer nuevas fechas para el fin de las filas, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, ofreció recientemente una nueva promesa: la normalización total del suministro de gasolina en un plazo no mayor a tres días. Entretanto, en el occidente boliviano, las bajas temperaturas y la incertidumbre económica agudizan el descontento de la población que aún espera combustible para trabajar.