La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este jueves el informe final de su comisión especial en la sede legislativa, señalando a 54 presuntos responsables, incluyendo a los expresidentes de YPFB Armin Dorgathen y Yussef Akly, por la comercialización de combustible desestabilizado debido a normas que flexibilizaron los controles de calidad y generaron graves daños vehiculares a nivel nacional.
El documento detalla que las responsabilidades alcanzan a altas esferas del sector hidrocarburífero estatal. Entre los nombres más destacados en el desglose figuran también la exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.
"Hemos puesto en un desglose a 54 personas, las cuales tienen que ser inmediatamente consideradas desde la comisión presuntos responsables, citados a declarar y, a partir de eso, iniciar actos investigativos", afirmó Ximena Arispe, presidenta de la comisión investigadora.
Flexibilización de normas y alertas
Durante la presentación del informe, la legisladora Ximena Arispe apuntó directamente al marco normativo previo, señalando que dos decretos aprobados durante la administración del exmandatario Luis Arce redujeron drásticamente los estándares de calidad y debilitaron los mecanismos de fiscalización de los combustibles que ingresaban al mercado interno.
Asimismo, la comisión advirtió que la lista de investigados podría ampliarse conforme avancen las diligencias, abarcando desde las plantas de almacenaje hasta las fases de custodia. Paralelamente, se anunció la emisión de nuevas peticiones de informe, incluyendo aquellas relacionadas con los denominados “sellos rojos” que involucran a la gestión de Dorgathen.
Derivación institucional
Con la luz verde del pleno camal, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, procedió a la promulgación de la resolución que formaliza el envío de los antecedentes a las instituciones de control del Estado.
"Queda aprobada la presente Resolución Camaral, aprobando el informe de la Comisión Especial. Remítase a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Órgano Ejecutivo para fines que, conforme a la normativa legal, correspondan", aseveró Castro Salazar.
El proceso ingresa ahora en una fase decisiva donde el Ministerio Público deberá evaluar las pruebas y convocar a declarar a los 54 implicados, mientras la Contraloría General del Estado ejecutará las auditorías financieras y operativas correspondientes, y el Órgano Ejecutivo asumirá las correcciones administrativas ante las falencias estructurales detectadas en la estatal petrolera.
"Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados", afirmó la presidenta de la comisión.
