El Gobierno nacional determinó ejecutar una reestructuración profunda en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, en un escenario marcado por duras críticas al modelo de importación de combustibles y denuncias de presuntos malos manejos económicos dentro de la estatal petrolera.
Según la autoridad, la reforma no solo modificará el funcionamiento interno y el esquema de comercialización de la empresa, sino que también abrirá las puertas a la inversión extranjera. El objetivo central es garantizar la sostenibilidad del abastecimiento en el país y frenar supuestas irregularidades. Espinoza fue enfático al cuestionar las gestiones de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, afirmando que YPFB fue utilizada "como una caja grande" para sostener negocios particulares.
La medida llega tras las revelaciones de Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), quien denunció una presunta "cadena de corrupción" en la compra de carburantes. De acuerdo con Pérez, el esquema involucra a dos firmas intermediarias que compran el combustible en el exterior y lo revenden a la estatal, encareciendo los costos de forma alarmante.
A este reclamo se sumó el sector productivo a través de Alcides Córdova, presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol). El dirigente exigió formalmente que YPFB rompa su monopolio de importación y permita la participación del empresariado privado, asegurando que esto garantizaría combustibles de mejor calidad y a precios sustancialmente menores para el mercado interno. Con estos cambios estructurales sobre la mesa, el debate sobre el futuro energético del país queda completamente abierto.
