En plena escalada del conflicto por bloqueos, el presidente Rodrigo Paz decidió mover ficha y llevar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permita reglamentar la aplicación del estado de excepción, una medida que el Ejecutivo plantea como respuesta “humanitaria” ante la presión social que golpea principalmente a La Paz y El Alto.
La iniciativa apunta a dar mayor margen de acción a las Fuerzas Armadas y a la Policía, con el argumento de garantizar el orden y aliviar el impacto de las protestas en la población. Desde el Gobierno se insiste en que no se trata de una medida de confrontación, sino de una herramienta para restablecer condiciones básicas en las ciudades afectadas.
Sin embargo, el discurso presidencial endurece el tono al describir el momento actual como una “batalla” decisiva para el país, vinculando las movilizaciones a intereses que, según afirmó, buscan desestabilizar Bolivia y estarían financiados incluso por el narcotráfico. A esto se suma la denuncia de una supuesta campaña de desinformación, tanto interna como internacional, que alimenta el conflicto.
Pese a la tensión, Paz reiteró el llamado al diálogo, aunque dejó claro que el Gobierno no retrocederá en su intención de “ordenar la patria” frente a lo que considera una amenaza estructural que combina crisis social, ilegalidad y disputa política.
