En medio de un país tensionado por más de un mes de movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz decidió mover una de las piezas clave de su gabinete y posesionó a Ernesto Justiniano como nuevo ministro de Defensa, con la misión inmediata de devolver la calma en un escenario marcado por bloqueos, presión social y desgaste económico.
El relevo se produce cuando las protestas no solo cercan La Paz, sino que ya afectan a Cochabamba y otras regiones, profundizando el impacto en la producción y el comercio exterior. Sectores empresariales advierten que las pérdidas económicas alcanzan cifras millonarias, reflejando la magnitud de la crisis.
Mientras el Gobierno apuesta por reconfigurar su equipo para contener el conflicto, desde las calles la presión aumenta. Organizaciones como la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y grupos afines al evismo mantienen firme su demanda de renuncia presidencial, cerrando filas en torno a una postura que rechaza cualquier intento de diálogo.
La reciente decisión asumida en el cabildo de El Alto, donde se descartó la mediación impulsada por la Iglesia, evidencia un escenario cada vez más polarizado. En este contexto, la llegada de Justiniano no solo representa un cambio de autoridad, sino una prueba clave para medir la capacidad del Ejecutivo de recuperar el control en uno de los momentos más críticos de su gestión.
