La Federación Túpac Katari rechazó el domingo la mesa de diálogo convocada por el Gobierno en la Casa Grande del Pueblo, al no asistir al encuentro. Esta ausencia, sumada al endurecimiento de la postura de la Central Obrera Boliviana (COB) tras los enfrentamientos registrados el sábado en la ruta La Paz-Oruro, bloquea por ahora cualquier posibilidad de acercamiento inmediato y profundiza la crisis política.
La falta de acuerdos mantiene bloqueos en diversas zonas del occidente del país y persiste la desconfianza mutua entre la dirigencia de sectores sociales y el Ejecutivo, cuyos representantes aguardaron en vano a los delegados campesinos.
Fracaso del diálogo y demandas de los sectores sociales
La convocatoria oficial, fijada para las 9:00, fracasó por la inasistencia de la Federación Túpac Katari. La ausencia de los "Ponchos Rojos" consolidó la continuidad de los bloqueos, luego de que rechazaran el diálogo como protesta por la represión registrada en Vilaque.
"No puede ser que un Gobierno llame al diálogo el día domingo y esté masacrando el día sábado a toda mi población", denunció el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar.
En paralelo, la COB endureció su postura y supeditó el reinicio de cualquier contacto con el Ejecutivo al cumplimiento estricto de exigencias legales y procedimentales. La organización sindical demanda el levantamiento inmediato de las órdenes de aprehensión vigentes contra sus ejecutivos, entre los cuales figura Mario Argollo Mamani, además de la liberación de todos los detenidos durante las intervenciones policiales de desbloqueo. Estas condiciones fueron presentadas por la dirigencia como requisitos ineludibles para cualquier mesa de trabajo futura.
Escalamiento del conflicto: La muerte en Vilaque
La tensión social alcanzó su punto crítico tras la confirmación del fallecimiento de Víctor Cruz Mamani, de 24 años, durante el operativo de desbloqueo “Banderas Blancas” en la zona de Vilaque el pasado sábado. El certificado de defunción, elaborado por el médico forense del IDIF, Edwin Rojas, determinó que el joven perdió la vida a causa de una fractura de vértebra cervical y sección medular, provocadas por un traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego. El procedimiento de autopsia, solicitado por el fiscal Fabio Maldonado, profundizó en los detalles de las lesiones en cráneo y tórax.
Mientras las autoridades mantienen el caso bajo investigación, los manifestantes y los familiares del fallecido responsabilizaron directamente al Gobierno por el desenlace fatal durante el desbloqueo. La situación de inseguridad se agravó tras reportarse que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sufrió una doble emboscada por parte de bloqueadores en Copata durante sus desplazamientos, aunque la autoridad logró ponerse a salvo junto a su equipo.
A pesar de la escalada de violencia, tanto la COB como la federación campesina emitieron resoluciones nacionales instruyendo a sus bases la habilitación de corredores humanitarios. Estas disposiciones ordenan permitir el flujo de ambulancias, brigadas médicas, cargamentos de oxígeno y vehículos de emergencia, bajo el argumento de priorizar la salud de la población, pese a la persistencia de las medidas de presión que los sectores califican de legítimas y orgánicas.
Impacto legislativo y crisis económica
En el ámbito político, el Senado aprobó la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción y remitió la norma a la Cámara de Diputados. Dicha ley, vigente desde 2020, establecía controles legislativos y definía responsabilidades administrativas, civiles y penales para autoridades durante estados de sitio. Con la eliminación de estos límites, el Ejecutivo amplía su margen de maniobra en un escenario de creciente deterioro social.
La economía cotidiana refleja el impacto directo del conflicto en las ciudades de La Paz y El Alto. El desabastecimiento generalizado provocó un incremento vertiginoso en los precios de los productos de la canasta básica; el tomate y la zanahoria dispararon sus costos hasta un 400%, cotizándose a 9 bolivianos por libra en los mercados locales. La radicalización del conflicto también alcanzó niveles internos; en la zona de Río Abajo, las bases movilizadas castigaron públicamente a sus propios dirigentes por intentar gestionar un cuarto intermedio, señalándolos como traidores al movimiento, lo que evidencia una fractura interna y una postura inflexible frente a cualquier intento de negociación.
