En medio de la creciente tensión social, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lanzó una acusación directa: las movilizaciones que se registran en el país no serían espontáneas, sino impulsadas desde el trópico de Cochabamba con recursos económicos destinados a activar protestas y bloqueos.
Según la autoridad, la versión surge de contactos en regiones como Colquiri, donde afirma la población no tendría intención de movilizarse, pero existirían presiones externas para forzar medidas de protesta con un objetivo político claro: desestabilizar al Gobierno.
Desde el Ejecutivo, el discurso se endurece. Mientras se insiste en que estas acciones buscan confrontar a los bolivianos y generar crisis, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, cerró filas al asegurar que no existe posibilidad de renuncia presidencial, calificando el escenario como un intento de conspiración más que una demanda social legítima.
