El Tribunal Constitucional Plurinacional abrió un nuevo frente de debate al admitir una demanda contra el decreto que permite al presidente Rodrigo Paz ejercer funciones a distancia mediante medios tecnológicos. La acción legal pone en el centro de la discusión los límites del poder ejecutivo cuando el mandatario no se encuentra físicamente en el país.
La observación principal apunta a un vacío en la sucesión presidencial. Según la demanda, el decreto omite la posibilidad de que el vicepresidente asuma el mando durante ausencias temporales, lo que podría contradecir principios constitucionales sobre la continuidad del poder. Desde el TCP aclararon que la admisión no implica un fallo, sino el inicio del análisis formal del caso.
El proceso ahora entra en una fase clave: se solicitará un informe al órgano que emitió la norma para evaluar su legalidad. Mientras tanto, el tema ya genera tensión política, al reabrir el debate sobre el equilibrio de poderes y el alcance de la tecnología en la conducción del Estado.
