En medio de una creciente tensión política y social en el país, el Gobierno nacional difundió este viernes una serie de audios atribuidos al expresidente Evo Morales, que —según las autoridades— revelarían una presunta estrategia de presión y desestabilización contra la administración del presidente Rodrigo Paz.
Las grabaciones, presentadas por el Ministerio de Gobierno, contienen conversaciones en las que una voz presuntamente vinculada a Morales habla de cercar la ciudad de La Paz y reforzar la presencia de manifestantes en distintos puntos estratégicos. En uno de los fragmentos más polémicos, se escucha la frase: “Si el día lunes, miércoles, hay cerco a La Paz, vamos a meter”, además de instrucciones para mantener movilizaciones permanentes en plazas y calles.
La difusión del material ocurre en un escenario marcado por bloqueos y protestas impulsadas por sectores campesinos y organizaciones afines a la Central Obrera Boliviana, principalmente en el departamento de La Paz, donde las movilizaciones han incrementado la presión sobre el Ejecutivo.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aseguró que los audios evidencian una estructura organizada de coordinación política que tendría como objetivo “forzar un cambio de poder” mediante acciones de presión social. Según la autoridad, detrás de las protestas existiría una red de financiamiento y operadores políticos vinculados al entorno del exmandatario.
Paredes también cuestionó el modelo sindical y político construido durante los años de liderazgo de Morales, al afirmar que ciertos dirigentes habrían consolidado privilegios económicos y estructuras de poder alejadas de las bases sociales. “Estamos enfrentando una aristocracia sindical”, sostuvo, al denunciar supuestos beneficios y recursos destinados a sostener las movilizaciones.
El Gobierno informó además que las grabaciones serán sometidas a pericias forenses para determinar su autenticidad y establecer responsabilidades penales. Posteriormente, el material sería incorporado a una denuncia formal ante la justicia ordinaria.
En paralelo, las autoridades recordaron que Morales enfrenta procesos judiciales en Bolivia por presuntos delitos vinculados a abuso de menores, y señalaron que se evalúan mecanismos legales para garantizar su comparecencia ante la justicia. Asimismo, indicaron que existe coordinación con autoridades argentinas debido a investigaciones abiertas en ese país sobre hechos similares.
Mientras tanto, el conflicto político continúa escalando en un contexto donde las demandas sociales, los bloqueos y las acusaciones cruzadas profundizan la polarización en el escenario nacional.
