La salida del país de Yussef Akly, expresidente de YPFB durante los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz, desató una nueva tormenta política en medio de las investigaciones por la distribución de gasolina de mala calidad y presuntas irregularidades en la compra de petróleo con sobreprecio.
El Ministerio de Gobierno denunció que Akly habría abandonado Bolivia de manera irregular, incumpliendo la Ley N.º 1352, que obliga a exautoridades nacionales a permanecer seis meses en el territorio boliviano tras dejar sus funciones. La norma busca garantizar que los exfuncionarios estén disponibles ante auditorías, procesos de fiscalización o investigaciones vinculadas a su gestión.
A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado informó que la Dirección General de Migración inició una investigación para determinar cómo se produjo la salida del exejecutivo de YPFB y establecer responsabilidades entre funcionarios que, presuntamente, habrían facilitado u omitido controles migratorios.
“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento o utilización de influencias para evadir responsabilidades”, señala el pronunciamiento oficial.
La administración de Rodrigo Paz endureció además su postura frente al caso, asegurando que ningún exfuncionario recibirá privilegios ni trato preferencial por razones políticas o personales. “La ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos”, remarca el comunicado.
Akly dejó la presidencia de YPFB el 30 de marzo y fue reemplazado por Claudia Cronenbold, quien permaneció pocas semanas en el cargo antes de presentar su renuncia.
Mientras avanzan las investigaciones, el nombre de Akly se mantiene en el centro de la polémica por su presunta vinculación con la crisis de combustibles que golpeó al país y por denuncias relacionadas con contratos petroleros observados por posibles sobreprecios.
