El Gobierno abrió una nueva etapa de negociación tras reunirse con sectores campesinos, quienes lograron que se asuma el compromiso de impulsar la abrogación de la Ley 1720. El acuerdo, firmado en la Casa Grande del Pueblo, traslada ahora la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, donde se definirá el futuro de la norma en medio de un escenario político tensionado.
Aunque desde el Ejecutivo se insiste en una gestión basada en el diálogo, voces dentro del Legislativo remarcan su independencia para tomar decisiones, dejando en claro que el acuerdo no garantiza un resultado inmediato. Mientras tanto, el sector campesino no solo exige la eliminación de la ley, sino que suma nuevas demandas que amplían el debate más allá del tema de tierras.
El conflicto evidencia un pulso entre presión social, decisiones políticas y autonomía institucional, en un contexto donde cada actor busca marcar su posición y donde cualquier resolución podría tener impacto en el equilibrio político del país.
