El ministro de Trabajo, Edgar Morales, presentó un informe detallado sobre el impacto económico de la figura de "comisión" en el país, revelando que el Estado y los sectores laborales destinan al menos 47,1 millones de bolivianos anuales al pago de salarios de dirigentes sindicales. No obstante, la autoridad advirtió que, debido a registros incompletos y reportes salariales parciales, la cifra real podría elevarse hasta los 70 millones de bolivianos.
Bajo el amparo del Decreto 4710 de 2022, estos representantes gozan del beneficio de percibir el 100% de sus sueldos y beneficios sociales mientras se dedican exclusivamente a labores sindicales. Morales señaló que la falta de transparencia en algunos sectores impide tener una cifra exacta, mencionando casos donde los reportes salariales figuran en cero.
El desglose de los datos oficiales identifica a sectores específicos con las asignaciones más elevadas. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) encabeza la lista con Bs 11,9 millones, seguida por la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz con Bs 10,1 millones. Otros entes como la COD de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) perciben 5,8 y 5,1 millones respectivamente, mientras que regiones como Oruro y Potosí superan los 4 millones. En contraste, departamentos como Beni y Pando reportan gastos menores al medio millón de bolivianos anuales.
Durante su intervención, el ministro puso énfasis en la procedencia de estos fondos, recordando que gran parte proviene del aporte directo de los trabajadores, a quienes se les descuenta el 1% de sus ingresos. Morales criticó la ausencia de mecanismos de control y auditoría sobre este capital, contrastándolo con las estrictas rendiciones de cuentas a las que están sujetas otras instituciones públicas.
"No hay fiscalización, no hay control, ellos manejan a libre albedrío", sentenció Morales, quien además comparó la magnitud de este gasto con el presupuesto del Órgano Legislativo. Ante este escenario, la autoridad planteó la urgencia de revisar el sistema de financiamiento sindical y establecer normativas que garanticen la transparencia en el manejo de estos recursos.
