El Gobierno dio un paso que podría marcar un punto de inflexión en la gestión de las empresas estatales. Este jueves presentó un nuevo sistema de auditoría y seguimiento destinado a radiografiar la situación económica de las 67 firmas públicas del país, una medida que busca poner bajo la lupa años de manejo financiero cuestionado.
Desde la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de las Empresas Públicas (OFEP), su director, Pablo Camacho, no dejó espacio para interpretaciones optimistas. El diagnóstico es contundente: la mayoría de estas empresas no solo arrastra pérdidas constantes, sino que depende cada vez más del endeudamiento para sostenerse. En otras palabras, operan sin generar el respaldo económico que justifique su existencia.
Las cifras revelan la magnitud del problema. Al menos 15 empresas se encuentran en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas que superan los Bs 2.655 millones y un patrimonio negativo de Bs 1.901 millones. Más que números aislados, estos datos reflejan un patrón estructural que pone en duda la sostenibilidad del modelo estatal en varios sectores.
El análisis también abre una discusión de fondo sobre el uso de los recursos públicos. En las últimas dos décadas, se habrían destinado más de Bs 73 mil millones en créditos para estas empresas. Sin embargo, muchas de ellas no han logrado traducir esa inversión en producción efectiva ni en valor económico sostenible.
Para Camacho, el costo de esta situación va más allá de lo financiero. Se trata de una oportunidad perdida: recursos que pudieron haberse invertido en áreas críticas como salud, educación o incluso en la creación de un fondo soberano que protegiera al país frente a crisis externas.
El nuevo sistema de auditoría, en ese contexto, no solo pretende ordenar cuentas. Busca abrir un debate más amplio sobre el rol de las empresas públicas, su eficiencia y el destino de los recursos estatales. La pregunta de fondo ya no es solo cuánto se ha perdido, sino qué modelo económico quiere construir el país hacia adelante.
