El silencio de las montañas en Sorata fue interrumpido por el estruendo de motores y el despliegue de un operativo que buscaba algo más que maquinaria: restablecer el control sobre un territorio explotado al margen de la ley.
En el área de Mirca, una zona revertida donde la actividad minera carece de autorización, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), junto a la Policía Boliviana, llevó adelante una intervención tras recibir denuncias persistentes. Las comunidades cercanas, como Lambramani y Huaynapata, habían sido testigos de un movimiento inusual que transformaba el paisaje sin regulación ni control.
Al llegar al lugar, la comisión técnica confirmó lo que ya se sospechaba: retroexcavadoras en plena faena, equipos de procesamiento activos y un campamento instalado que evidenciaba una operación organizada. No se trataba de actividad esporádica, sino de una estructura que operaba fuera del marco legal.
La respuesta fue inmediata. Con apoyo de unidades tácticas, se procedió a inutilizar la maquinaria y desmontar el campamento, marcando un freno contundente a la explotación ilegal. Más allá del impacto operativo, la intervención representó un golpe económico significativo para estas actividades, con pérdidas estimadas entre 1,5 y 2 millones de dólares.
Sin embargo, el trasfondo va más allá de cifras. Este tipo de acciones refleja una disputa constante por el control de los recursos naturales y la necesidad de preservar el equilibrio entre desarrollo y legalidad. Desde la AJAM aseguran que los operativos continuarán en distintas regiones del país, reforzando la vigilancia para proteger el patrimonio natural y garantizar que la actividad minera se rija por las normas establecidas.
