La mañana de este jueves comenzó con una escena poco habitual en Santiago. Cerca de las 07:30, desde una pista del Grupo 10 de la Fuerza Aérea —adyacente al aeropuerto de la capital— despegó el primer vuelo destinado a la expulsión de migrantes en situación irregular, una medida impulsada por el gobierno de .
A bordo de la aeronave, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, viajaban decenas de personas cuyo destino marcaba el fin de su permanencia en territorio chileno. Entre ellas, 12 ciudadanos bolivianos, además de nueve ecuatorianos y 19 colombianos. Cada uno fue escoltado por un funcionario de la Policía de Investigaciones de (PDI), en un operativo que refleja el endurecimiento de las políticas migratorias del país.
El vuelo no tenía un destino inmediato único. Antes de abandonar el territorio chileno, la aeronave haría una escala en Iquique, en el norte, donde se sumarían más personas al proceso de deportación, aunque las autoridades no precisaron cuántas.
Según la información oficial difundida por medios locales, los expulsados habrían incurrido en distintos delitos, que van desde el ingreso por pasos no habilitados hasta ilícitos más graves como tráfico de drogas, robo con violencia o porte ilegal de armas. Sin embargo, más allá de las cifras y las categorías legales, el operativo deja entrever una política que busca marcar un punto de inflexión en el control migratorio, con consecuencias que trascienden lo administrativo y se insertan en el debate regional sobre seguridad, movilidad humana y derechos.
