El Gobierno comenzó a mover ficha frente a uno de los conflictos más sensibles de las últimas semanas: los reclamos por la calidad de la gasolina. El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, anunció que desde este miércoles se iniciará el pago de compensaciones a los afectados, con un monto inicial que ya alcanza los Bs 2,5 millones.
Sin embargo, más que cerrar el problema, el anuncio parece marcar apenas el inicio de un proceso que avanza bajo presión. Akly admitió que los desembolsos serán progresivos y que el monto total crecerá conforme se habiliten más puntos de pago, especialmente para quienes ya registraron sus denuncias. “Ya se están gestionando los pagos”, aseguró, al confirmar que comenzarán a efectivizarse en ventanillas.
El mecanismo de compensación, explicó, está abierto tanto a instituciones públicas como a actores privados, pero con una condición clave: cada caso será evaluado individualmente. Es decir, no todos recibirán lo mismo, sino que el resarcimiento dependerá del nivel de daño comprobado.
En paralelo, la estatal petrolera busca contener otro frente de preocupación. Akly descartó de manera categórica cualquier problema con el diésel y garantizó la continuidad en su distribución, así como el suministro regular de gasolina en el país.
Para ordenar el proceso, el Gobierno activó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), además de habilitar líneas de atención directa para orientar a los afectados. La apuesta oficial es canalizar los reclamos y evitar un desborde mayor del conflicto.
Pero en las calles, el clima cuenta otra historia.
El sector del transporte en La Paz mantiene su descontento y ya anunció un paro con movilizaciones para este miércoles 25 de marzo. Los choferes aseguran que, pese a los anuncios, los daños en sus vehículos siguen sin ser compensados, lo que alimenta la desconfianza hacia las soluciones planteadas.
Así, mientras el Gobierno intenta dar señales de respuesta, la tensión sigue latente. Los pagos comienzan, pero la credibilidad —y la calma social— aún están en disputa.
