La falta de ejecución de las órdenes de aprehensión contra se ha convertido en una prueba para el Estado de derecho en Bolivia. Más que un caso penal individual, el debate gira ahora en torno a la capacidad real del Estado para hacer cumplir sus propias decisiones judiciales.
Desde octubre de 2024, la Fiscalía y un juzgado de Tarija emitieron tres órdenes de captura en el marco de una investigación por trata agravada de una menor de edad. Sin embargo, ninguna fue ejecutada, pese al tiempo transcurrido y a la vigencia formal de los mandamientos.
Morales permanece en el trópico de Cochabamba, donde organizaciones sindicales mantienen una vigilia permanente que controla los accesos y ha advertido que no permitirá su aprehensión. Este entorno ha elevado el riesgo operativo de cualquier intervención policial.
El 19 de febrero, el expresidente reapareció públicamente en un acto político en Chimoré para presentar candidatos subnacionales, sin que se produjera acción policial. La imagen reforzó la percepción de que las órdenes judiciales no están siendo aplicadas.
La Policía ha señalado que espera el “momento oportuno” y que cualquier operativo requiere planificación para evitar violencia. Desde el Ejecutivo, las declaraciones han oscilado entre exigir el cumplimiento inmediato y remarcar el respeto a la independencia de las instancias competentes.
Morales sostiene que “sin víctima no hay delito”, argumentando que no existe una denuncia formal. No obstante, en casos de trata y delitos contra menores, la acción penal puede iniciarse de oficio, sin necesidad de querella particular.
Analistas y exautoridades advierten que la inejecución prolongada puede alimentar la percepción de justicia selectiva, donde el cumplimiento de la ley dependería de factores políticos o territoriales más que de criterios estrictamente jurídicos.
En definitiva, el caso ha trascendido lo personal y se ha convertido en un examen institucional: si el Estado logra ejecutar sus decisiones con garantías y sin violencia, reforzará su credibilidad; si no, la incertidumbre seguirá erosionando la confianza pública en la igualdad ante la ley.
