Tras una extensa jornada de diálogo en Santa Cruz, YPFB, autoridades del Gobierno y representantes cívicos y del transporte alcanzaron un acuerdo para encarar los reclamos por presuntos daños en motorizados atribuidos a la calidad del combustible. El entendimiento establece la creación de mesas técnicas para evaluar los casos reportados y definir mecanismos de compensación, que podrían incluir pagos económicos o vales, con la participación de una aseguradora.
La estatal petrolera se comprometió además a transparentar sus procesos mediante inspecciones conjuntas a sus instalaciones y la emisión periódica de informes sobre la calidad de la gasolina en toda la cadena de distribución. También anunció el inicio de investigaciones internas para identificar responsabilidades, cuyos resultados serán presentados en las próximas semanas.
En paralelo, se gestionará ante la ANH la revisión de aspectos vinculados al B-SISA. Mientras tanto, el sector transporte mantiene el estado de emergencia, aunque declaró una pausa en sus medidas de presión a la espera de que se cumplan los compromisos asumidos.
Desde La Paz, dirigentes del Transporte Libre observaron que aún no existe claridad sobre el reembolso a propietarios que ya cubrieron reparaciones por cuenta propia y advirtieron que evaluarán acciones si no obtienen respuestas concretas.
