La discusión sobre el futuro de la subvención a los combustibles tomó fuerza mientras YPFB enfrenta intervenciones por presuntas irregularidades y desvíos millonarios. En este clima, distintos sectores productivos coinciden en un pedido: dejar atrás el esquema actual y asegurar el abastecimiento con precios reales que permitan planificar costos y producción sin depender de un mercado distorsionado.
Exportadores, lecheros y transportistas sostienen que la subvención ya no sostiene la competitividad ni garantiza el suministro, pues genera huecos en las finanzas públicas, fomenta el contrabando y deja a los productores atrapados entre colas, sobreprecios y un mercado negro donde el diésel se llega a vender hasta en Bs 16 por litro. Para ellos, la salida está en sincerar los precios y apoyar solo a los sectores vulnerables mientras se ordena el sistema.
Desde el Gobierno reconocen que la importación de combustibles implica un gasto mensual cercano a los $us 240 millones, muy por encima de los ingresos que recibe YPFB, lo que profundiza el debate sobre la sostenibilidad de la subvención. Mientras las investigaciones por desvíos avanzan, los sectores afectados insisten en que sin un cambio estructural, ni más controles ni más funcionarios evitarán que la crisis vuelva a repetirse.
