Este martes, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de investigaciones por presunto desvío de combustible hacia surtidores de manera irregular. Margot Ayala, directora ejecutiva de la ANH, informó que más de 100 funcionarios de la entidad habrían tenido vinculación con esta supuesta “mafia” y que, como medida preventiva, ya fueron reasignados.
“Si no actuamos de manera inmediata, la corrupción va a continuar”, advirtió Ayala, quien señaló que las autorizaciones y licencias de distribución de combustible muchas veces se otorgaban sin cumplir los procedimientos adecuados. Actualmente, la ANH realiza una revisión exhaustiva de todos los procesos internos para corregir las irregularidades detectadas.
La investigación surge tras denuncias relacionadas con 14 cisternas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que habrían sido desviadas de manera irregular. Según la directora de la ANH, la asignación de combustible a distintos surtidores se realizaba “con discrecionalidad” y las irregularidades no se limitan a su institución, sino que involucrarían a otras entidades.
La intervención de la ANH se produce después de que, el día anterior, la Fiscalía y la Policía allanaran oficinas de YPFB en cuatro departamentos. En La Paz, las acciones se concentraron en la planta de Senkata, con personas aprehendidas; en Santa Cruz también se registraron detenciones. En Cochabamba, se realizaron allanamientos a YPFB y YPFB Redes, donde una persona fue aprehendida por presuntos cobros irregulares a favor de una empresa durante un proceso de contratación. Finalmente, en Oruro se investigan posibles sobreprecios en la construcción de tanques de almacenamiento de combustible.
Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado de las autoridades para desarticular redes de corrupción en el sector energético, aunque los casos siguen bajo investigación y las responsabilidades aún deben ser determinadas por la justicia.
