En una sesión sin sobresaltos, la Cámara de Senadores aprobó este martes la ley transitoria que reglamenta la selección y designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La norma, ya modificada previamente en Diputados, fue remitida de inmediato al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La urgencia no es menor: la mayoría de los actuales vocales del TSE concluyen su mandato el 19 de diciembre, y el país necesita autoridades electorales plenamente habilitadas para encarar el calendario que se aproxima. El vocal saliente Gustavo Ávila aseguró que aún es posible completar el proceso antes de esa fecha.
La versión final de la ley introduce cambios sustanciales en comparación con las reglas habituales. Entre ellos:
- Eliminación de los exámenes orales y escritos para los postulantes.
- Reducción del plazo total del proceso a solo 15 días, convirtiéndolo en uno de los más rápidos de los últimos años.
- Supresión de la exigencia de apostillar títulos de posgrado obtenidos en el extranjero, facilitando la participación de profesionales formados fuera del país.
- Obligación para los nuevos vocales de elaborar un nuevo padrón electoral en 24 meses, una medida considerada estratégica para fortalecer la confiabilidad de los registros.
Un camino contrarreloj: 12 etapas en 15 días
La Comisión Mixta de Constitución será la encargada de conducir un proceso “acelerado”, dividido en 12 fases que deberán cumplirse sin margen de retrasos. Entre ellas, destacan:
- Convocatoria en 1 día
- Postulaciones durante 4 días
- Verificación, impugnaciones y revisiones en lapsos de 24 horas cada una
- Evaluación de méritos y probidad sin pruebas orales ni escritas
- Remisión del informe final al pleno al cabo del día 15
Este cronograma compacto refleja la intención del Legislativo de avanzar con rapidez, en un contexto marcado por tensiones políticas y observaciones sobre la imparcialidad del órgano electoral.
La aprobación de esta ley abre el camino para renovar una institución central en la vida democrática del país. Con plazos acotados y reglas simplificadas, el reto será garantizar que la velocidad no comprometa la transparencia ni la credibilidad del proceso.
