Una nueva ola de intervenciones sacudió este lunes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), luego de que la Fiscalía y la Policía desplegaran operativos simultáneos en oficinas de Cochabamba, La Paz y El Alto, en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y desvío de combustibles que vienen acumulándose desde principios de año.
En Cochabamba, los agentes irrumpieron antes del mediodía en las oficinas de Redes de Gas, en la avenida Salamanca, y en la Dirección de Transparencia Corporativa. La presencia policial comprobó al personal, mientras los investigadores buscaban documentos clave y preparaban citaciones para funcionarios que habrían tenido participación en las irregularidades denunciadas.
De forma paralela, otro equipo de fiscales y policías se trasladó hasta la planta de Senkata, en El Alto, específicamente a la Unidad de Logística, donde se indaga el envío de combustibles reportado en febrero y noviembre. Aunque por ahora las autoridades no han revelado detalles sobre el modus operandi ni el alcance del daño económico, se espera que un informe oficial esclarezca el avance de estas pesquisas en las próximas horas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a Armin Dorgaghen, expresidente de YPFB, investigado por el polémico funcionamiento de Botrading, la intermediaria que operaba desde Paraguay para la importación de combustibles. A este proceso se suma otra acusación por presunto contrabando de gas en instalaciones fronterizas de Tarija, ampliando el espectro de presuntas redes irregulares al interior de la estatal petrolera.
Estas operaciones no son un hecho aislado. En semanas anteriores, oficinas de YPFB en Riberalta, Beni, ya habían sido intervenidas para esclarecer posibles cobros irregulares vinculados a la distribución de carburantes. La ola de intervenciones dibuja un panorama más amplio: una empresa estratégica bajo un proceso de escrutinio creciente, presionada por denuncias que podrían revelar fallas estructurales y responsabilidades en distintos niveles.
