El transporte público boliviano logró que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) abra sus puertas a la fiscalización directa. Desde esta semana, una comisión de choferes inspeccionará surtidores y la planta de Senkata en El Alto, donde se almacenan los principales volúmenes de gasolina y diésel.
El acuerdo surge tras meses de denuncias sobre combustible de baja calidad que, según los transportistas, estaría dañando motores y reduciendo el rendimiento de sus vehículos. Ante la presión, la ANH aceptó someter los carburantes a pruebas de laboratorio y mostrar certificados de calidad.
Los choferes, sin embargo, no se conforman con verificación técnica: también exigen resarcimiento por los daños sufridos y ya preparan una lista de conductores afectados. Aunque la ANH sostiene que los combustibles cumplen con todos los parámetros, la desconfianza está instalada y ahora la credibilidad de la fiscalización estatal se juega en cada muestra analizada.
