El comercio de carne entre Bolivia y China se encuentra bajo la lupa por un desajuste alarmante en las cifras oficiales. Mientras el país reporta envíos moderados, los registros aduaneros chinos indican que han ingresado más del doble de carne boliviana en los últimos años.
La brecha explotó en 2022, cuando Bolivia declaró un nivel de exportaciones que China duplicó en sus reportes. La situación no se corrigió en 2023 y 2024, lo que hace pensar en una posible red de contrabando legalizado mediante documentación adulterada.
El escándalo suma otro capítulo en marzo de 2025, mes en el que el Gobierno prohibió formalmente las exportaciones de carne para garantizar el abastecimiento interno. Sin embargo, los registros muestran la salida de 75 contenedores de vísceras y despojos, un movimiento difícil de justificar en plena restricción.
En ese mismo periodo, el frigorífico BFC, que ahora enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades, aparece como uno de los principales responsables de esos envíos. Esto abre la puerta a interrogantes sobre la connivencia de operadores privados y autoridades estatales en un esquema que podría haber costado millones al fisco boliviano.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿qué sistema de fiscalización necesita el país para frenar el fraude arancelario y la falsificación documental en el sector cárnico, antes de que se convierta en otro caso de impunidad?
