Un funcionario policial fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de someter a una joven de 25 años con discapacidad intelectual en Oruro. El caso ha generado conmoción por el nivel de manipulación, engaño y violencia ejercidos contra una persona en situación de alta vulnerabilidad.
Según la denuncia, el uniformado se habría ganado la confianza de Verónica A. A. con falsas promesas e incluso compromisos afectivos, a pesar de tener ya una familia. Aprovechando esa relación, habría cometido actos graves contra la integridad de la joven, lo que derivó en un embarazo.
La situación se tornó aún más alarmante cuando, en la semana 26 de gestación, el acusado llevó a la joven a un alojamiento y, presuntamente, le suministró medicamentos que provocaron un aborto sin su consentimiento pleno. El Ministerio Público califica este hecho como un aborto forzado, tipificado como delito grave en la normativa boliviana, con agravantes por la condición de discapacidad de la víctima.
El investigado fue aprehendido y trasladado al penal de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones. Este caso vuelve a poner en evidencia la urgente necesidad de proteger a las personas con discapacidad frente a abusos, manipulaciones y actos de violencia muchas veces encubiertos por relaciones de poder o confianza.
