Ante el preocupante aumento de accidentes de tránsito en Bolivia, el gabinete ministerial aprobó un anteproyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes provoquen siniestros viales, especialmente bajo los efectos del alcohol o drogas. La norma, que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, ya fue enviada a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y apunta a reducir la impunidad que rodea estos hechos.
Actualmente, las sanciones para quienes causan muertes o lesiones graves en accidentes son leves y permiten evitar la cárcel mediante el perdón judicial. La nueva propuesta establece penas más severas: si el conductor está bajo influencia de sustancias, las sanciones por causar lesiones subirían hasta ocho años, y por causar la muerte, hasta diez años de prisión, además de la inhabilitación definitiva para conducir.
El proyecto también incrementa la pena por omisión de socorro de dos a cinco años, con agravantes si el hecho ocurre en zonas alejadas. Estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia que incluye campañas de educación vial dirigidas a jóvenes, con el objetivo de generar conciencia y responsabilidad al momento de conducir.
El endurecimiento de las penas se da en un contexto alarmante: entre 2023 y 2024, las muertes por accidentes de tránsito crecieron un 15,38%, mientras que los heridos aumentaron más del 5%. Además, el 61% de los siniestros se debe a la imprudencia del conductor, y más del 5% involucra directamente el consumo de alcohol o drogas.
El Gobierno considera urgente que la Asamblea Legislativa apruebe esta normativa para frenar la tragedia que día a día enluta a las familias bolivianas. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, pidió celeridad en el tratamiento del anteproyecto y aseguró que la ley representa una respuesta concreta a una demanda social por justicia y seguridad en las vías del país.
