La justicia boliviana se encuentra nuevamente en el ojo del huracán con el avance del denominado "Caso Consorcio", una compleja red de abogados, jueces y fiscales presuntamente involucrados en la manipulación de resultados judiciales. La investigación, busca desentrañar una posible coordinación de alto nivel para influir en decisiones judiciales.
El escándalo salió a la luz tras una controvertida resolución emitida por un juez de Coroico, Fernando Lea, la cual suspendía a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, por una presunta omisión en el proceso electoral relacionado con sus méritos.
Entre los implicados, el nombre del exministro de Justicia, César Siles, ha emergido con fuerza. Audios filtrados sugieren su presunta participación en la planificación de las acciones que son objeto de la investigación, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su rol.
El "consorcio", tal como lo define la Ley 1390, se refiere a la asociación ilegal entre abogados, jueces y fiscales para defraudar a la justicia. Este delito conlleva penas que oscilan entre los 5 y 10 años de prisión, además de una multa económica.
La relevancia del caso se acentuó recientemente con la aprehensión de Claudia Castro, jueza vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien es señalada por su supuesta participación en esta intrincada red. Castro, habría instruido al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, los términos del fallo en contra de la magistrada electa del TSJ.
