El Decreto Supremo 5400, promulgado el 23 de mayo, establece que los vehículos que funcionan con Gas Natural Vehicular (GNV) ya no podrán cargar libremente gasolina o diésel en Bolivia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene hasta el 7 de junio para definir los límites de consumo subsidiado. Si estos se exceden, el usuario deberá pagar el precio internacional.
Diversos sectores han calificado la medida como discriminatoria e inconstitucional. El abogado José Luis Santistevan cuestionó que se penalice el uso combinado de GNV y combustibles líquidos, contradiciendo –según él– el Referéndum del Gas de 2004.
Desde el sector empresarial, Susy Dorado, gerente de Asosur, advirtió que los surtidores deberán implementar sistemas de control para cumplir la norma, y que podrían enfrentar multas superiores a Bs 100.000 si no lo hacen.
Aunque el exministro Álvaro Ríos valoró los esfuerzos por frenar el contrabando, alertó que más controles no resolverán de fondo el problema de la oferta y demanda de combustibles en el país.
