Los gobernadores departamentales podrían asumir un papel directo en la ejecución de planes de seguridad ciudadana si se modifica la Ley 264 y su decreto reglamentario. Así lo planteó el constitucionalista José Luis Santistevan, quien considera que el ajuste legal permitiría fortalecer la respuesta regional frente a la delincuencia.
El especialista explicó que la propuesta busca dar a las gobernaciones atribuciones operativas para implementar estrategias contra los delitos comunes y proteger a la población y la propiedad privada, sin alterar las competencias del nivel central del Estado en materia de seguridad estatal.
Santistevan aclaró que la iniciativa no implicaría cambios en la estructura interna de la Policía Boliviana. Los ascensos, rangos y la organización institucional continuarían bajo la jerarquía policial, mientras que los gobernadores tendrían responsabilidades vinculadas a la ejecución de los planes departamentales de seguridad ciudadana.
Actualmente, las gobernaciones y alcaldías participan principalmente mediante la asignación de recursos para apoyar las tareas policiales. Según el jurista, una reforma normativa permitiría ampliar ese papel y otorgar mayor capacidad de decisión a las autoridades departamentales en las acciones contra la criminalidad.
