El exministro de Defensa Edmundo Novillo afirmó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades para responder a la querella penal presentada por el Gobierno por presuntas irregularidades en la compra e implementación de 13 radares. La exautoridad sostuvo que sus actuaciones se enmarcaron en la legalidad y que trabajó para garantizar la continuidad del proyecto hasta su recepción definitiva y transferencia a la Fuerza Aérea.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Defensa contra cuatro exministros y otras 12 personas, entre exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. Según los antecedentes expuestos por el Gobierno, el caso está relacionado con el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), contratado en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad de llave en mano.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que el contrato contemplaba la entrega de un sistema integral y funcional. Sin embargo, informes técnicos citados en la denuncia identificaron observaciones en 11 de los 13 radares: nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban operativos. Pese a ello, el proyecto registró un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%. La auditoría interna estimó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
La querella identifica presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En el caso de Novillo, quien fue ministro durante el gobierno de Luis Arce, su vinculación se relaciona con la suscripción de las modificaciones sexta y séptima del contrato. Las acusaciones deberán ser esclarecidas en las instancias correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
En su pronunciamiento público a través de sus RRSS, Novillo explicó que durante la ejecución del proyecto surgieron numerosas dificultades debido a su complejidad técnica y tecnológica. Sostuvo que la empresa Thales tenía conocimiento exclusivo de la tecnología de los radares y que, pese a los obstáculos, se realizaron esfuerzos para encontrar soluciones y avanzar con el proyecto bajo criterios de transparencia y respeto al marco jurídico en los ámbitos técnico, administrativo y financiero.
El exministro también cuestionó que el actual Gobierno y la empresa no hayan logrado resolver las posibles observaciones para garantizar la continuidad, sostenibilidad y viabilidad del sistema, al que calificó como uno de los proyectos más importantes para el país, la Fuerza Aérea y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
El caso abre un nuevo frente de investigación sobre la contratación y ejecución de un sistema estratégico para la defensa y el control del espacio aéreo boliviano. Mientras el Gobierno sostiene que existen elementos para investigar un posible daño económico millonario, Novillo asegura que actuó legalmente y que comparecerá ante las autoridades si recibe una citación o notificación formal.
